MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Perú Alberto Otárola, ha trasladado la responsabilidad del medio centenar de muertes registradas en las pasadas protestas a las Fuerzas Armadas en su intervención del miércoles por estos hechos ante la Fiscalía. "Pregúntenles a ellos", ha asegurado la defensa de las víctimas que respondió.
Así lo ha asegurado este viernes el abogado Juan José Quispe, representante de las víctimas, presente durante el interrogatorio de los fiscales a un Otárola que apenas respondió a algunas de las 90 preguntas que le formularon, informa el diario peruano 'La República.
"Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en los planes operativos. No participamos en su elaboración ni nos tienen que dar cuenta", ha asegurado Quispe que respondió Otárola, tal y como ya había hecho en anteriores citaciones.
"Cómo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no le va a dar cuenta al ministro de Defensa", se ha preguntado Quispe. En el momento de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, Otárola ejercía como titular de esa cartera.
Quispe ha recordado que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre, ya declaró ante la Fiscalía que se reunió con Otárola para hacerle partícipe de las acciones que se estaban llevando a cabo para contener las protestas, episodio que el primer ministro dijo no recordar.
Otárola afirmó ante la Fiscalía que nunca fue informado de manera oficial de lo que estaba ocurriendo, pues aquellas acciones solo competían a la fuerza pública y que se enteró de los fallecidos a través de la prensa.
Además de él, esta semana también ha tenido que acudir a la sede de la Fiscalía General en Lima la presidenta Boluarte a responder por los mismos hechos, si bien al igual que jefe de gabinete, apenas respondió las preguntas que se le plantearon.
La Fiscalía de Perú abrió a comienzos de año una investigación por genocidio contra Boluarte por la muerte de medio centenar de civiles en las protestas contra ella, su Gobierno y el Congreso, así como en apoyo de su antecesor, el expresidente Pedro Castillo, ahora detenido tras su fallido autogolpe.