MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial.
Así consta en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los diez vocales conservadores han trasladado este mismo jueves a Perelló de cara al acto solemne que presidirá el Rey Felipe VI mañana viernes, a partir de las 12.00 horas.
En concreto, han pedido a Perelló que traslade a García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto" de apertura del año judicial "en las actuales circunstancias", en referencia a su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los vocales también han solicitado a la presidenta del CGPJ que visibilice su "rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado".
Y, además, han reclamado a Perelló que "ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional".
"GRAN PREOCUPACIÓN"
Los firmantes han plasmado en la misiva su "gran preocupación" por la circunstancia de que el actual fiscal general del Estado, "sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento", tenga previsto "ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes".
Los vocales inciden en que su "preocupación" no pretende poner en duda el derecho a la presunción de inocencia "que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga, como no puede ser de otra forma, el fondo del proceso en curso".
Sin embargo, consideran que la coincidencia entre la condición procesal de García Ortiz y su intervención en la apertura del año judicial "no resulta apropiada". A su juicio, compromete "la serenidad que el acto demanda", en especial "cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones".
Por ello, los diez vocales del bloque conservador del CGPJ sostienen que es "difícilmente comprensible que esta situación se tolere". "La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio jefe del Estado, que preside el acto", añaden.
"CONTEXTO POLÍTICO DE EXTRAORDINARIA TENSIÓN"
En el marco de la misiva, los vocales hacen referencia también al "contexto político de extraordinaria tensión" que atribuyen a las declaraciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo el pasado el lunes en la televisión pública al afirmar que hay jueces que hacen política.
En este sentido, afean las "acusaciones genéricas" que el jefe del Ejecutivo vertió "contra jueces y magistrados". "Manifestaciones que reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función; en la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno, y al siguiente el propio Ministro de Justicia", recalcan.
A su juicio, se trata de afirmaciones que "no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho".
Así las cosas, han recordado a Perelló cómo en ocasiones anteriores ha defendido desde la presidencia del CGPJ que la independencia judicial "no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos". "Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunal erosiona el sistema constitucional mismo", agregan.
OTRAS VOCES PREOCUPADAS
La carta del bloque conservador del CGPJ se suma al comunicado que han difundido este jueves la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF) --las mayoritarias de ambas carreras-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que han pedido a García Ortiz que no acuda a la apertura del año judicial.
Aunque la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) comparte la preocupación, recuerda que "conforme a la legalidad vigente, el fiscal general del Estado sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne".
Desde la Fiscalía General del Estado indican que García Ortiz está obligado a asistir a la apertura del año judicial para presentar la memoria anual del Ministerio Público, tal y como establece el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD).