Perú.- El presidente del Congreso de Perú sanciona la ley que exime a policías y militares de la justicia ordinaria - Europa Press/Contacto/Li Muzi
LIMA, 21 Jul (EUROPA PRESS)
El Congreso de Perú, bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, promulgó una ley que exime a policías y militares de ser juzgados en la justicia ordinaria por abusos contra la población civil. Los crímenes serán considerados como lesa humanidad solo si se demuestra que fueron cometidos como parte de un ataque sistemático.
Esta norma fue planteada como un conjunto de iniciativas legislativas impulsadas por las bancadas de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, así como por Renovación Popular y Avanza País. La promulgación se llevó a cabo después de que el presidente José María Balcázar no lo hiciera dentro del plazo estipulado.
Las autoridades argumentaron que el objetivo de la ley era fortalecer la función militar y policial, frecuentemente cuestionada debido a su historial de abusos. Estas preocupaciones renacieron por la muerte de casi 50 personas durante las protestas ocurridas a finales de 2022 y principios de 2023, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, un evento que no trajo consecuencias políticas para los responsables.
A pesar de que el Congreso archivó las causas contra la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, la Fiscalía abrió alrededor de 50 investigaciones contra más de 300 integrantes de la Policía y el Ejército relacionados con las manifestaciones. No obstante, estos casos han flotado entre diferentes entidades, generando dudas en colectivos de víctimas y de Derechos Humanos sobre el proceso.
Según la nueva normativa, ningún militar o policía podrá ser investigado a la vez en un tribunal civil si hay un proceso militar o policial en curso. Además, se establece cadena perpetua para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que colaboren con organizaciones criminales. Esta reforma fue promovida también por Fuerza Popular en representación de militares que habían sido procesados por delitos graves durante el gobierno de Alberto Fujimori.