Archivo - Inundaciones en Colombia. - Europa Press/Contacto/Mario Toro Quintero
MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado el fallecimiento de al menos 17 personas debido a las inundaciones que han azotado el país latinoamericano desde que comenzó el mes de febrero y que todavía dejan graves consecuencias para los ciudadanos colombianos.
En total, más de 250.000 personas se han visto afectadas por las lluvias que cayeron sobre el territorio latinoamericano y se han contabilizado 18.000 viviendas con daños y hasta 4.000 completamente destruidas, a lo que hay que sumar graves destrozos en carreteras y puentes, según el informe de este sábado de la UNGRD recogido por el diario 'El Tiempo'.
La UNGRD continúa distribuyendo ayuda entre los damnificados, un total de 223 toneladas han sido destinadas solo en el departamento de Córdoba para aliviar las necesidades de las familias afectadas. Entre los productos suministrados se encuentran alimentos, artículos de higiene, agua, hamacas o sábanas.
"El frente frío atípico que atraviesa el país ha intensificado las lluvias y vientos, generando una emergencia nacional. El Gobierno responde con presencia en los territorios y ayudas para proteger a las familias afectadas", ha indicado este sábado la Presidencia de Colombia en un mensaje en redes sociales.
Otras infraestructuras como centros educativos, hospitales o centros comunitarios han sufrido las consecuencias de las lluvias y deben someterse a trabajos de reparación. La entidad gubernamental de emergencias cifra en más de 11.000 las hectáreas gravemente afectadas por el agua.
En este sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a la Corte Constitucional levantar la suspensión temporal del decreto de emergencia económica y social para cubrir necesidades imprevisibles, como las derivadas de las inundaciones.
Igualmente, el mandatario solicitó una investigación para determinar el origen de esta emergencia climática, señalando que las compañías hidroeléctricas del país podrían haber incurrido en un "delito medioambiental".