MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Bolivia ha anunciado este domingo que solicitará el traslado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro del exministro Arturo Murillo, hombre fuerte del Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez (2019-2021), así como la reparación civil correspondiente por un daño económico al Estado que ha valorado en más de dos millones de dólares (1,70 millones de euros).
"Nosotros solicitamos tanto al Ministerio Público y las otras partes judiciales que (Murillo) sea remitido al penal de máxima seguridad. En este caso, el penal de Chonchocoro. Sin embargo, el juez, atendiendo a la solicitud en este caso de la defensa, consideró (...) remitirlo al penal de San Pedro. "Nosotros, como parte esencial de este proceso, solicitamos que se revoque dicha situación y claro, presentamos la apelación respectiva", ha declarado el fiscal general del Estado, Ricardo Condori, en una entrevista concedida a la cadena Bolivia TV.
El magistrado ha señalado además que pedirá una indemnización porque "solamente" en el caso 'Gases Brasil', Murillo ha causado "un daño económico de más de dos millones de dólares". "Producto de esa situación, es que el Estado boliviano (...) va a inmediatamente solicitar y presentar la demanda de reparación civil. Una vez que se realice esta determinación, obviamente se va a ejecutar todo lo que tenga el señor Arturo Murillo que esté al momento, de alguna manera, sometido sus bienes a una medida cautelar de carácter real", ha agregado.
La Policía de Bolivia detuvo el pasado jueves al exministro de Gobierno a su llegada al país latinoamericano tras haber sido deportado desde Estados Unidos, donde ha cumplido una condena por blanqueo de capitales.
Murillo tiene varios procesos penales abiertos en su contra e incluso cuenta con una sentencia de ocho años por sobreprecios en la compra de gases lacrimógenos, y otra de cinco años y cuatro meses por el ingreso irregular de armamento no letal al país desde ecuador.
El exministro fue arrestado en mayo de 2021 en Estados Unidos acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos en el marco de la compra de material antidisturbios durante el Gobierno de Áñez. En 2023 fue condenado a casi seis años de prisión tras declararse culpable.
No obstante, en junio de este año ha sido liberado por buena conducta. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención de migrantes, donde finalmente se ha resuelto su deportación.