El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras la firma del convenio ORGA de colaboración institucional, en el Palau de la Generalitat, a 22 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (Es - Alberto Paredes - Europa Press
MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Estatal Recuperando ha elaborado un escrito que remitirá al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, donde sostiene que "si el Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre los bienes inmatriculados, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo" y que si dicho acuerdo no existe, resulta "inaceptable" presentarlo como un "logro histórico".
Así lo expresa el presidente de Recuperando, José María Rosell Tous, en el escrito recogido por Europa Press, donde explica que el Ministerio que dirige Félix Bolaños incluyó entre los "acuerdos históricos" alcanzados el Gobierno y la Iglesia católica uno "vinculado a los bienes inmatriculados" en una nota de prensa sobre la reunión de coordinación Estado-Iglesia con motivo de la visita del Papa León XIV a España.
En concreto, Justicia afirmaba que la visita del Pontífice a España "llega tras la culminación de acuerdos históricos entre el Gobierno y la Iglesia católica, como el de resignificación del Valle de Cuelgamuros, el de reparación a las víctimas de abusos sexuales, el vinculado a los bienes inmatriculados y el de supresión de determinados beneficios fiscales de la Iglesia".
A juicio del representante de Recuperando, la afirmación "no solo sorprende", sino que "desconcierta" porque, "en realidad, poco o nada se ha avanzado en esta materia" desde que, en 2017, el PSOE impulsara una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que en el plazo de seis meses elaborara un estudio que recogiera todos los bienes que desde 1998 fueron inmatriculados a favor de la Iglesia y procediera a reclamar la titularidad.
La Coordinadora Estatal Recuperando destaca que, desde entonces, se publicó un listado "tarde y mal" ya que el inventario de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 "no se conoció hasta febrero de 2021, es decir, con años de retraso respecto al 'plazo improrrogable de seis meses' que fijaba la PNL".
QUEDA FUERA "LA PARTE MÁS VOLUMINOSA"
Por otra parte, la entidad añade que "quedaba fuera todo lo inmatriculado con anterioridad, precisamente la parte más voluminosa del problema". "Pero no solo eso: incluso dentro del periodo incluido, una parte muy importante de los bienes ni siquiera puede identificarse con claridad", recalca.
"La información decisiva sigue oculta", sostiene la organización, que reprocha que "el Gobierno continúa negando a la ciudadanía y a los propios diputados los datos necesarios para identificar de manera precisa esos bienes".
Según defiende Recuperando, dicha información obra en poder del Ejecutivo y ha sido solicitada "reiteradamente" por la entidad y por distintos grupos parlamentarios. "La respuesta, una y otra vez, ha consistido en evasivas, silencios o negativas directas", denuncia.
En cuanto al millar de bienes adjudicados erróneamente a la Iglesia, la organización afea que "a estas alturas, sigue sin conocerse cuál es la situación registral concreta de esos bienes ni qué medidas se han adoptado para corregir esa irregularidad".
"Nada se sabe de lo sucedido entre 1946 y 1998, que constituye la gran mayoría desconocida de lo inmatriculado. Sobre ese periodo, sencillamente, reina la oscuridad. No consta que el Gobierno haya desarrollado una actuación seria para conocer el alcance real de esas inmatriculaciones, identificarlas una por una y poner la información a disposición pública", critica, para después añadir que "no se ha reclamado nada".
Por todo ello, la Coordinadora Estatal Recuperando defiende que si existe un acuerdo sobre los bienes inscritos a nombre de la Iglesia mediante certificación eclesiástica, "debe hacerse público". "La ciudadanía tiene derecho a conocer su contenido, su alcance y sus consecuencias", insiste.
"Y si tal acuerdo no existe, entonces resulta políticamente inaceptable presentarlo como un éxito consumado. Se trataría, simplemente, de una inaceptable trasferencia a manos privadas de gran parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, además de otros bienes de todo tipo", concluye.