Archivo - Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El lunes comenzó de forma presencial la regularización extraordinaria de m - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo
MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem han defendido en declaraciones a Europa Press la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes frente a las dudas del Tribunal Supremo y han asegurado que "no colisiona" con la normativa europea.
El Tribunal Supremo ha planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.
A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.
"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo.
CEAR NO VE "IMPEDIMIENTO" PARA LA REGULARIZACIÓN
En este sentido, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, ha asegurado que, a juicio de la entidad y conociendo el conjunto de normas europeas, "no hay un impedimento para que un Estado miembro pueda llevar a cabo una regularización".
De la misma manera, considera "preocupante" la propuesta del Tribunal Supremo porque "el tribunal puede establecer cualquier consideración que sería de obligado cumplimiento y condicionaría la respuesta del tribunal español".
"Por lo tanto, estamos preocupados, pero también con la seguridad de que no hay una colisión, porque en definitiva las políticas de inmigración, más allá de los mandatos expresos de las normas europeas, son competencia de los Estados. Y el Estado español tiene claramente posibilidad de adoptar la medida que se ha adoptado con la regularización", ha expuesto.
Si bien, ha recalcado que se trata de una cuestión prejudicial que "no afecta a la paralización ni a una medida cautelar". En esta línea, ha agregado que "no tiene efectos suspensivos y, por lo tanto, las personas seguirían disfrutando de ese permiso de residencia concedido".
"El problema sería no tanto la admisión a trámite, sino cuando hubiera una respuesta, porque no es que el Tribunal Supremo Español se esté desentendiendo, sino que está pidiendo al Tribunal Supremo que aclare el contenido de una norma europea o de un conjunto de normas europeas para que tome decisión en función de esa interpretación el Tribunal Supremo español", ha argumentado.
Valiente ha detallado que no tendría una "consecuencia inmediata", sino que sería para condicionar la resolución que dé el Supremo. "Por eso estamos preocupados, pero no nos parece que vaya a tener consecuencias inmediatas. Estamos preocupados porque podría tener una consecuencia en el futuro", ha señalado.
En el caso de que se declarara nula la regularización, Valiente ha asegurado que "no tendría ese efecto de dar marcha atrás", aunque ha reconocido que "sería una situación bastante novedosa y conflictiva".
Respecto al proceso de regularización --cuyo plazo para presentar solicitudes concluye este martes--, Valiente ha hecho una valoración "muy positiva" a pesar de las "dificultades". "Desde luego, el arranque no fue el mejor, faltó información y preparación previa, como lo dijimos en un primer momento", ha admitido.
No obstante, ha señalado que, posteriormente, la capacidad de reacción de las organizaciones y también de la administración ha permitido solventar esa "dificultad de entrada". En concreto, ha citado "obstáculos" con embajadas, consulados y administraciones de terceros países, donde el margen de maniobra "es muy pequeño".
"Creo que todas las personas que han querido presentarse lo han podido hacer, y además contando con la información adecuada", ha asegurado, al mismo tiempo que ha negado una situación "anormal" de última hora en la presentación de solicitudes.
Mientras, Accem ha afirmado que "no sería incompatible" la regularización extraordinaria aprobada con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, puesto que este último "permite y mantiene competencias de los Estados Miembros para regular internamente las políticas migratorias".
La ONG ha recordado que el derecho a residir y trabajar que se concede tras la regularización "solo es válido en España y no permite ni establecerse ni trabajar legalmente en otros Estados miembro de la UE, por lo que el impacto en otros países comunitarios al que hace referencia el Supremo, es relativo".
EL PACTO DE ASILO NO ESTABA EN VIGOR
Además, ha defendido que "tampoco afecta a las fronteras exteriores, ya que se trata de personas que ya se encontraban en España, cuando se aprueba la regularización" y ha añadido que las autoridades españolas comprueban antecedentes penales. Finalmente, ha recalcado que "las normas no son retroactivas" y que la aprobación de la regularización extraordinaria tuvo lugar cuando el PEMA no estaba aún en vigor.
Respecto al proceso de regularización, Accem ha aseverado que "era necesario por justicia social, dignidad y por una sociedad más cohesionada". "Personas que ya se encontraban residiendo en España dejarán de ser invisibles a nivel social y administrativo para convertirse en ciudadanas de pleno derecho", ha señalado.
Según los datos facilitados por Accem, la ONG ha atendido a más de 6.100 personas en más de 17.000 trámites relacionados con la regularización extraordinaria. Si bien, ha advertido de que no son definitivos.
"Al tratarse de un procedimiento extraordinario, las primeras semanas vivimos momentos de nerviosismo e inquietud. Las personas solicitantes se juegan mucho en este proceso, por lo que su intención era la de tener los documentos y hacer los trámites a la mayor brevedad posible. Lo más complejo del proceso ha sido el conseguir documentos de algunos países de origen con una administración débil (certificado de antecedentes penales o renovación o emisión del pasaporte)", ha explicado Accem.
"FALTA DE VALENTÍA" DEL GOBIERNO PARA AMPLIAR PLAZOS
Mientras, una de las portavoces de Regularización Ya, Victoria Columba, ha calificado de "reto histórico" y "punto de inflexión" el cierre del proceso de regularización. No obstante, ha denunciado la "inoperancia" de las administraciones públicas, la "falta de valentía política" del Gobierno para ampliar los plazos y el "boicot" de sindicatos como CCOO, debido a las convocatorias de huelga.
Asimismo, Columba ha realizado un balance "positivo" al haber sacado adelante este proceso "en medio de un contexto de discursos de odio", destacando que el logro pertenece en exclusiva a los colectivos y al tejido solidario, frente a una administración que, a su juicio, "ni estuvo a la altura ni supo aprovechar este momento".
"Hoy acaba un aprendizaje para la democracia española, y es que las personas autoorganizadas, las redes sociales y el tejido solidario en torno a la migración son mucho más fuertes que el odio", ha manifestado, celebrando que el proceso haya llegado a término "a pesar de los intentos judiciales de paralizar el proceso" y de las presiones para "elevar esto a la Europa Fortaleza" con el fin de frenar la iniciativa.