El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, durante la comparecencia en la sede de la consejería. - EUROPA PRESS
MÉRIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Extremadura, a través de sus servicios jurídicos, o de gabinetes externos "si fuera necesario", adoptará medidas judiciales para reclamar "responsabilidades penales" al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, por "cada una" de las llegadas de menores extranjeros no acompañados ordenada por el Ejecutivo central y que la comunidad está asumiendo de forma "no voluntaria", lo que está llevando "al límite" al sistema de acogida de menores en la región.
Para evitarlo, y al contrario de lo que ocurría antes, ha expuesto el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, la Junta va a recurrir "cada una de estas llegadas, cada imposición, del Gobierno de Sánchez, con todos los instrumentos legales a nuestro alcance administrativos y judiciales".
Así lo ha avanzado en una comparecencia ante la prensa en la sede de su consejería, una de las dos que controla Vox en el ejecutivo de María Guardiola, poco después de que la presidenta de la Junta abordara esta misma cuestión en una pregunta ante el Pleno de la Asamblea formulada por Unidas por Extremadura.
Fernández ha subrayado, como ya hiciera hace unos días, que el gobierno regional va a emprender una "ofensiva judicial" contra el reparto de menores, pero este jueves ha ido un paso más allá al dirigirse directamente al delegado del Gobierno en la región, y por elevación contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España, como objeto de esta denuncia por la "reiterada y masiva acción fraudulenta de la cual están siendo objeto todos los extremeños y, por ende, todos los españoles".
Lo hará a través de los servicios jurídicos de la propia Admnistración autonómica "y, si fuera necesario, recurriendo también a gabinetes jurídicos externos", porque "la urgencia en Extremadura también es máxima".
En este sentido, ha señalado que desde el año 2023 un total de 73 "inmigrantes ilegales" que accedieron a España como mayores de edad y, tras ser alojados en Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de Mérida, se han declarado posteriormente como menores de edad.
Actualmente, ha apuntado, en Extremadura se encuentran acogidos 106 menores extranjeros no acompañados, a la espera de otros siete que se espera recibir en los próximos días, con lo que el total ascenderá a 113, lo cual está "está llevando absolutamente al límite al sistema de protección del menor de Extremadura", que está "a punto de colapsar", lo cual "perjudica fundamentalmente a los menores extremeños que necesitan esa protección y ese amparo de las instituciones.
IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO
El vicepresidente extremeño ha enmarcado esta nueva estrategia de oposición al reparto de menores migrantes no acompañados alegando que la situación actual es "absolutamente diferente" a la de 2024, porque entonces "no era obligatorio" y fue fruto de un acuerdo.
Pero ahora, es "absolutamente distinto" y el actual gobierno extremeño se ha opuesto "de manera frontal" a ese reparto, así como "la propia Fiscalía de Pedro Sánchez es la que nos trae a Extremadura a estas personas de forma obligatoria y bajo la amenaza de prevaricación".
En este sentido, ha aclarado que la Junta "evidentemente", no va prevaricar "en modo alguno", pero sí intentará evitar este "inmenso fraude" que soporta la sociedad extremeña así como "acabar con el efecto llamada".
"La Junta de Extremadura no está aceptando a estas personas de manera voluntaria", ha aclarado el vicepresidente extremeño, quien ha expuesto que en los últimos diez días el Gobierno central ha "forzado" a Extremadura a hacerse cargo de 13 menores no acompañados.
Uno de ellos llegó el lunes, 8 de junio, otro el jueves 11, otro el día 15, y se espera otro para el día 19, así como se espera a otros siete procedentes de Ceuta que "llegarán en los próximos días al amparo de lo que ellos han denominado contingencia migratoria extraordinaria".
Todos ellos serán destinados a centros de menores de la región, ha explicado el consejero, quien ha cifrado en un total de 45 las personas que han llegado a Extremadura por esta vía, así como se está a la espera de otros 29 cuya llegada ha sido objeto de alegaciones y recursos por parte de la Junta de Extremadura.
Asimismo, ha argumentado que el pasado 4 de junio, dos de los menores extranjeros alojados en el albergue de Mérida se declararon menores de edad tras entrar en España como mayores "al aparecer repentinamente documentación acreditativa".
Desde el 2023, 73 "inmigrantes ilegales" que han accedido a España como mayores de edad y han sido alojados en el citado centro de la capital extremeña, se han declarado posteriormente menores, pasando así al sistema de protección de menores de Extremadura, con un coste cercano a los 4 millones de euros "que tienen que pagar todos los extremeños". Diez de esos casos, ha precisado, se han producido en este 2026, lo que ha supuesto casi 600.000 euros, a las arcas extremeñas.
Esta situación, con los citados 113 menores atendidos, "está llevando absolutamente al límite al límite al sistema de protección del menor de Extremadura", que está "a punto de colapsar", ha advertido.
En consecuencia, la respuesta de Vox desde la Junta de Extremadura, ha precisado, será de "oposición total y frontal" a la llegada de menores extranjeros no acompañados, de modo que "al contrario de lo que ocurría antes", ahora van a recurrir "cada una de estas llegadas", ha dicho, cada "imposición del Gobierno de Sánchez con todos los instrumentos legales" a su alcance.
PRUEBAS DE EDAD
Además de esta ofensiva judicial, y como ya avanzara la semana pasada, se van a solicitar a la Fiscalía que aumente las pruebas de edad para evitar el "fraude" de acoger en el sistema de menores "gastando los recursos de los extremeños en personas que no deberían tener derecho a esos recursos porque no cumplen con los requisitos", pretendiendo que se les reconozca como tal "a adultos en edad militar, en muchos casos".
Fernández ha expuesto que la Junta cumplirá con su "obligación, acorde a las leyes internacionales, a la ley de extranjería, e incluso a la Convención de los Derechos del Niño", de velar por que estos menores "vuelvan con sus padres, que es donde mejor están". Para ello, la Junta agotará "todas las vías posibles"*para devolver a los países de origen a estos chicos, para que estén "con sus padres, que es con quien deben estar".
Por otro lado, ha avanzado que se va a "garantizar la seguridad", de modo que esta se vea "reforzada", en los centros de acogida de menores "y en sus alrededores", para que "los trabajadores y los usuarios puedan verse seguros, como se está haciendo en otras regiones".
"UN FRAUDE MANIFIESTO"
A preguntas sobre la base jurídica en la que se sustentará la exigencia de responsabilidades penales contra el delegado del Gobierno, ha señalado que será "el fraude que están soportando los extremeños" al amparo del Gobierno al cual representa, que supone, entre otras cosas, aceptar a personas que no son menores de edad.
Al respecto, se ha referido a informaciones que apuntan que el índice de pruebas realizadas a estas personas que evidencian que no son menores se acerca al 50%, lo que refleja que se trata de un "fraude manifiesto que ampara y que sostiene el gobierno de Pedro Sánchez a sabiendas".