(I-D) El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la firma del acuerdo para reparar a vícti - Alberto Ortega - Europa Press
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La creación de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo que se encargará de llevar a cabo la evaluación individualizada de las solicitudes de reparación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, no afectará a la "estructura de la institución" que "seguirá atendiendo las quejas ciudadanas, como hasta ahora", según han informado a Europa Press fuentes conocedoras.
Las mismas fuentes han precisado que esta Unidad de Víctimas va a estar compuesta por "expertos profesionales independientes" que realizarán la tarea encomendada en el protocolo. Además, aseguran que se contará "con los recursos necesarios" para garantizar su operatividad.
El protocolo firmado el pasado lunes 30 de marzo entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo para poner en marcha la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, contempla la creación de una Unidad de Tramitación en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes.
Según explicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la creación de esta unidad implicará una modificación de la estructura del Ministerio.
El Defensor del Pueblo, por su parte, deberá constituir una Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo la evaluación individualizada de las solicitudes. Una vez escuchadas las partes, deberá elaborar en el plazo de tres meses una valoración de reconocimiento o denegación de la solicitud, incluyendo "la reparación pertinente, ya sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica", tal y como reza el protocolo.
Posteriormente, la Comisión Asesora del PRIVA estudiará la valoración del Defensor y dará su criterio en un plazo máximo de dos meses. A continuación, la persona solicitante tendrá 15 días para dar su conformidad o formular alegaciones.
En caso de que exista disconformidad, el caso volverá al Defensor del Pueblo que deberá analizarlo en 15 días y convocará a la Comisión Mixta, una comisión compuesta por nueve miembros --uno a propuesta del Gobierno, dos a propuesta de la CEE, dos a propuesta del Defensor, y dos representantes de las víctimas-- que tendrá como objetivo "alcanzar, por consenso, un acuerdo". Si aun así no se logra, el Defensor del Pueblo y la Iglesia deberán hacer un último intento de consenso en el plazo de un mes y, en caso de persistir la disconformidad, el Defensor será quien tenga la última palabra y la Iglesia deberá cumplir con la reparación.
La firma del protocolo tuvo lugar el pasado lunes entre el ministro Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid.
En el texto acordado no se establecen baremos de indemnización aunque sí "criterios" como la gravedad del abuso, la edad de la víctima, el tiempo de duración o las secuelas. Asimismo, contempla que las víctimas que ya recibieron una reparación por el Plan PRIVA de la Iglesia podrán recurrir al Defensor y fija el 15 de abril como la fecha para que las víctimas puedan empezar a presentar sus solicitudes.