MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Canarias ha pedido "celeridad" para iniciar los traslados de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en el archipiélago y ha advertido de que los 8,5 millones de euros que recibirá el Ejecutivo regional de los 22 millones que se han acordado repartir este viernes, son "insuficientes"; mientras que las comunidades del Partido Popular han mostrado su rechazo al real decreto para el reparto de menores migrantes en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, el cual consideran una "imposición" del Gobierno.
Así lo han puesto de manifiesto en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado este viernes en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, que se ha prolongado durante dos horas, y en la que han participado los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
"Esta aportación resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta que Canarias ya soporta un déficit de 140 millones de euros en la atención de menores migrantes no acompañados", ha señalado la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, a su salida de la Conferencia Sectoral.
Además, desde Canarias, han exigido al Estado "celeridad para el inicio de los traslados". "Lo que no podemos es esperar a septiembre, ya que es justo en esas fechas cuando se producen repuntes de llegadas de embarcaciones a las islas", ha advertido la consejera.
De este modo, ha puntualizado que esperar a septiembre es "inviable" para un sistema "totalmente colapsado", con la atención de un total de 5.685 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno canario. Ha insistido, por otro lado, en la necesidad de que se dé "el traslado urgente" a los más de 800 menores migrantes con protección de asilo, medida "que ya llega muy tarde".
Por su parte, Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE, ha lamentado que no se haya abordado un incremento de financiación y ve "difícil" que el traslado de los menores pueda comenzar en agosto, un mes "bastante inhábil" para las administraciones, según ha precisado la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, tras la reunión.
FINANCIACIÓN "LOW COST"
García Torijano ha calificado la financiación de 100 millones de euros de "low cost" y ha avisado de que "son alrededor de 250 millones de euros los que hacen falta para atender esta crisis", por lo que ha pedido a la ministra que "ponga pie en pared" y hable con Hacienda y el Gobierno.
Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP han mostrado su rechazo al real decreto para la reubicación y el traslado de menores migrantes y han pedido más financiación.
En concreto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha insistido en la situación de "tensionamiento y colapso" que viven los centros de acogida de menores migrantes no acompañados en la comunidad, una queja que llevan trasladando "desde hace casi dos años".
En declaraciones a los medios tras la reunión, Dávila ha criticado al Gobierno central porque "no está planteando ningún plan" para revertir la situación y para "coordinar a las comunidades autónomas".
Además, tal y como había avanzado antes de entrar en la reunión, el real decreto ley que se pretendía desarrollar en la Sectorial de este viernes "está recurrido por 11 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional (TC)", que representan "el 70% de la población del país".
"POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD"
Asimismo, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, ha reiterado en la Sectorial de Infancia su rechazo a la reubicación de menores migrantes de Canarias a otras CCAA y el principal argumento que ha esgrimido es la "posible inconstitucionalidad" del primer real decreto ley al entender que "invade competencias autonómicas" y que vulnera tanto "los derechos de los extranjeros en España" como "los derechos de los menores".
En cuanto a la distribución de un crédito de 22 millones de euros destinados a los territorios que padecen una mayor presión migratoria, cuestión que ha contado con el voto favorable aragonés, Val ha advertido de que esta dotación es "insuficiente" tanto para estas comunidades como para el resto.
Igualmente, desde el Gobierno de la Región de Murcia han mostrado, una vez más, su rechazo al reparto de menores migrantes, por tratarse, a su juicio, "de un atentado contra los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes que llegan a la Región, esperando ser atendidos en unas condiciones dignas y adecuadas dada su especial vulnerabilidad".
Así lo ha expuesto este viernes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, al tiempo que ha mostrado su malestar porque el Ministerio de Juventud e Infancia "siga sin reconocer a la Región de Murcia como zona especialmente afectada por la crisis migratoria" sin reconocer "a los 300 menores extranjeros que llegaron el pasado año procedentes de Canarias "a través del campamento que ha instalado el propio Gobierno central en Cartagena" y con un sistema de protección "tensionado por encima del 200 por ciento de su capacidad".
Asimismo, ha criticado que "una acogida sin recursos, ni financiación, pone en riesgo los derechos de los menores", un acto que ha calificado de "inhumano" por parte del Ejecutivo central.
En la misma línea, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha insistido en que la reubicación de menores migrantes no acompañados es una "imposición" del Gobierno central, quien, como ha señalado, no ha ofrecido información a las autonomías sobre cuántos podrían ser trasladados, y ha asegurado que el Ejecutivo regional recurrirá también el Reglamento que desarrolle el Real Decreto Ley.
Así, aunque la consejera ha reiterado la voluntad de Castilla y León de ser solidaria, ha advertido de que esta colaboración debe surgir "desde el diálogo, el acuerdo, el consenso y la igualdad entre todas las comunidades autónomas", al tiempo que ha recordado que, pese a que desde Castilla y León se han remitido criterios, datos y aportaciones, la Comunidad ha sido "ignorada".