MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha alertado este domingo de que los desplazamientos masivos derivados del aumento de la violencia armada en el norte de Mozambique está llevando las capacidades de asistencia humanitaria a su límite, haciendo más grave una crisis de por sí severa que afecta sobremanera a mujeres y niños.
"La inseguridad persiste y las personas en movimiento a menudo carecen de documentación civil. Estos desafíos pueden afectar la capacidad de las personas desplazadas para moverse libremente, acceder de forma segura a los servicios básicos y mantener sus medios de vida", ha expresado la OCHA en un boletín humanitario publicado este sábado.
El citado informe señala que, solo en julio, los últimos ataques de grupos armados han forzado el desplazamiento de "decenas de miles de personas, profundizando una crisis humanitaria ya grave en Cabo Delgado y poniendo a prueba los limitados suministros de ayuda".
Concretamente, entre el 20 y el 28 de julio, al menos 46.667 personas se han visto sometidas a desplazamientos forzosos como consecuencia de la violencia armada en los distritos de Ancuabe, Muidumbe y Chiúre, siendo esta última "la zona más afectada, con más de 42.000 personas desarraigadas, más de la mitad de ellas niños".
En total, más de 95.000 personas han huido de la inseguridad en Cabo Delgado desde el mes de enero, según datos de Naciones Unidas, que ha advertido de que el acceso humanitario en la región es "cada vez más frágil".
En este contexto, las necesidades más acuciante a solventar --según las organizaciones humanitarias sobre el terreno-- son "alimentos, refugio y artículos no alimentarios esenciales". Estas carencias se hacen más palpables en los barrios en los que los desplazados --incluido un alto número de niños no acompañados-- se refugian "en condiciones de hacinamiento".
Así las cosas, la OCHA ha denunciado que la ayuda humanitaria en el país africano "sigue estando gravemente subfinanciada" y ha recordado que el Derecho Internacional contempla que todos los civiles deberían poder "buscar seguridad y elegir libremente su destino". Sin embargo, "la inseguridad, la falta de documentación y las reubicaciones involuntarias agravan los riesgos de protección", ha lamentado el organismo.
"Es esencial una financiación urgente y sostenida para evitar un mayor deterioro y abordar las crecientes necesidades humanitarias que siguen siendo tan agudas y generalizadas como siempre", concluye el informe de la OCHA.