MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
Betssy Chávez, última jefa de Gobierno del expresidente Pedro Castillo antes de su detención en diciembre de 2022, cumple este miércoles cinco días de huelga de hambre seca, en medio de las denuncias de su abogado contra las autoridades penitenciarias, que aseguran que no ha querido someterse a los controles médicos.
Chávez permanece encarcelada desde junio de 2023 tras ser acusada de participar en el fallido autogolpe de Estado del expresidente Castillo. La Justicia peruana decretó 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración, si bien en diciembre del año pasado se le impusieron otros quince meses.
Chávez siempre ha negado conocer las intenciones de Castillo, aunque algunos sostienen que fue una de la coautoras del discurso que dio el expresidente cuando anunció aquel breve estado de excepción que supuso su detención.
Desde su llegada a prisión, Chávez ha estado denunciado malos tratos por parte de las autoridades. Su abogado, Raúl Noblecilla, ha denunciado en las últimas horas en redes sociales que quieren "eliminar" a su cliente. "Se acerca el final. La han sentenciado a muerte", ha escrito en la red social X.
Noblecilla ha denunciado que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha devuelto el expediente de traslado de Chávez para ser de nuevo evaluado por la jefa de seguridad de la cárcel de Chorrillos, a la que acusa de formar parte de una organización criminal y de haber emitido ya anteriormente "informes falsos".
Para el abogado, esta nueva maniobra burocrática no pretende más que retrasar el traslado de Chávez a un penal en el que no sufra esos supuestos abusos, los cuales motivaron que se declarara en huelga de hambre hace ya cinco días.
Por su parte, esta semana el INPE ha asegurado que los servicios médicos se pusieron a disposición de la ex primera ministra, pero que se negó a ser atendida.