July 24, 2026, New York, New York, United States: PAIVI KAUKORANTA, President of the Assembly of States Parties to the Rome Statute, strikes the gavel to open the public plenary of the special session of the Assembly of States Parties on disciplinary proc - Europa Press/Contacto/Bianca Otero
MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Estados Parte, órgano rector del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha votado este viernes por una amplia mayoría destituir al exfiscal jefe de la corte Karim Khan por un caso de conducta sexual inapropiada, si bien el jurista británico ha negado los abusos que se le atribuyen.
"La Asamblea ha adoptado, por votación secreta y por mayoría absoluta de 82 Estados Partes, una decisión en la que constata que el fiscal Karim Khan ha cometido una falta grave y un incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, destituyéndole de sus funciones en aplicación del artículo 46 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", ha indicado en un comunicado.
Uno de los abogados que representa a Khan, Tayab Ali, ha afirmado en un comunicado que el proceso "carece de fundamento legal" y ha informado de que "impugnará la legalidad y la imparcialidad" de la decisión, que ha sido tomada a puerta cerrada en una sesión extraordinaria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
"El fiscal de esta corte ha sido destituido por votación ejecutiva mientras se encontraba bajo sanciones y bajo una inmensa presión política", ha dicho, agregando que se han producido una serie de irregularidades en el marco del proceso, entre ellas que se le ha negado a su cliente "presentar observaciones formales a la Asamblea" antes de la votación y que ha sido excluido de la misma.
"A sus representantes legales también se les ha negado el permiso para asistir o para dirigirse a los Estados Partes. Los Estados que han decidido su destino lo han hecho sin escucharle a él ni a nadie que actuara en su nombre", ha lamentado, agregando que "el procedimiento fue reescrito a mitad de su caso y en su perjuicio".
De la misma forma, ha indicado que las conclusiones de la investigación en su contra se han extendido "a asuntos que nunca se le plantearon y sobre los que nunca se le solicitó que respondiera". "A Khan y sus abogados se les impidió tener cualquier representación formal sobre la resolución presentada a la Asamblea y, por lo tanto, no pudieron corregir sus numerosos errores y caracterizaciones erróneas", ha precisado.
El abogado británico ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que le llevaron en mayo de 2025 a retirarse temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.
El magistrado alegó entonces que tanto él como la Corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado este viernes en redes sociales que el caso de Khan "ha expuesto la quiebra moral de un fiscal corrupto que se apresuró a presentar escandalosas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa, en un intento de desviar la atención de la grave conducta indebida que temía que fuera revelada".
"Estas fueron órdenes de arresto politizadas y escandalosas contra líderes electos de una democracia con un sistema legal independiente que defiende a sus ciudadanos contra el terror. Estas órdenes, emitidas contra un país que ni siquiera es miembro de la CPI, nunca debieron solicitarse en primer lugar y deben revocarse de inmediato", ha señalado.
Por su parte, la Fiscalía del TPI ha asegurado este viernes que mantendrá sin cambios su actividad tras la decisión de la Asamblea de los Estados Partes de destituir a Khan.
En un comunicado, el organismo ha señalado que toma nota de la resolución aprobada este 24 de julio por la sesión especia de la Asamblea de los Estados Partes y ha afirmado que las fiscales adjuntas Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang continuarán al frente de la institución.
Así las cosas, ha recordado que ambas responsables ya asumieron las funciones de dirección, gestión y administración de la Fiscalía desde que Khan solicitó una licencia en mayo de 2025, por lo que seguirán desempeñando esas responsabilidades hasta la salida definitiva del hasta ahora fiscal.
La Oficina del Fiscal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las víctimas, las comunidades afectadas, los Estados parte, las organizaciones de la sociedad civil y el resto de colaboradores, al subrayar que su trabajo "continúa sin interrupción" y que mantiene su compromiso con la realización de investigaciones y procesos judiciales "independientes e imparciales" en todos los asuntos bajo la jurisdicción de la Corte, con el objetivo de hacer justicia a las víctimas de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma.
Asimismo, la Fiscalía ha reiterado que mantiene una política de "tolerancia cero contra el acoso sexual y otras formas de mala conducta" y ha reafirmado su compromiso con la defensa del profesionalismo, la integridad y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, también ha garantizado que seguirá promoviendo un entorno laboral "respetuoso, seguro e inclusivo", prestando especial atención al bienestar de su personal.
La Oficina del Fiscal de la CPI es el órgano encargado de desarrollar exámenes preliminares, investigaciones y procesos penales relacionados con presuntos delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, actuando de manera independiente e imparcial conforme a las competencias atribuidas por el Estatuto de Roma.