La neerlandesa INSO dice que "hace todo lo que está en su mano" para intentar lograr la "liberación segura" de estas personas
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental neerlandesa International NGO Safety Organisation (INSO) ha denunciado la detención de ocho de sus trabajadores en Burkina Faso y ha rechazado "de forma categórica" las acusaciones vertidas por la junta militar burkinesa contra estas personas, a las que vincula con supuestas actividades de espionaje en el país africano.
"Rechazamos de forma categórica las acusaciones relativas a nuestras actividades en Burkina Faso y seguimos comprometidos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para lograr la liberación segura de todos nuestros colegas", ha dicho en un comunicado, en que ha recalcado que es "una organización sin ánimo de lucro responsable de supervisar e informar sobre tendencias de seguridad en más de 20 países a nivel global".
Así, ha defendido que sus labores "apoyan a los que buscan ayudar a otros" y ha detallado que "recopila, analiza y distribuye información a actores humanitarios, algo que se hace exclusivamente con el objetivo de mantener seguros a los trabajadores humanitarios". "La información que recopilamos no es confidencial y es en gran medida conocida por el público", ha argumentado.
"Las autoridades burkinesas eran y siguen siendo totalmente conscientes de nuestro trabajo y nuestro mandato. Operamos en Burkina Faso desde 2019 a raíz de peticiones para apoyar a ONG allí y estamos registrados con los ministerios relevantes, en línea con las leyes locales", ha subrayado INSO, que ha confirmado que entre los detenidos están el director de la organización en Burkina Faso y otros siete trabajadores, entre ellos tres extranjeros.
En este sentido, ha especificado que el director de la ONG en el país fue detenido en junio y ha manifestado que entre los arrestados posteriormente figura su director de programas, que viajó "con todos los permisos necesarios" al país para "reunirse con las autoridades relevantes y resolver la situación".
"Durante los últimos tres meses hemos cooperado totalmente con la investigación de las autoridades burkinesas y hemos intentado en múltiples ocasiones abrir un diálogo directo con el Ministerio de Seguridad, ofreciéndonos a abordar cualquier preocupación que pudiera tener sobre nuestras actividades", ha apuntado, antes de insistir en que las acusaciones son "extremadamente preocupantes".
"Vincular nuestro trabajo para reforzar la seguridad de los trabajadores humanitarios con un trabajo de Inteligencia no solo es falso, sino que ayudará a poner en mayor riesgo a los trabajadores humanitarios", ha alertado INSO, que ha reiterado que "seguirá trabajando de forma incansable para una liberación segura e inmediata" de los detenidos. "Estamos comprometidos a abordar estas acusaciones falsas y malentendidos. Contamos para ello con el apoyo continuado de todos nuestros socios humanitarios", ha zanjado.
El ministro de Seguridad burkinés, Mahamadu Sana, desveló el martes la detención de estas personas y aclaró que se trataba del director de la ONG en el país, Jean Christophe Emile Pégon; la directora adjunta, Guisse Aminata, de nacionalidad franco-senegalesa; el director de programas, Muzik Thomas, de nacionalidad checa; una persona maliense y cuatro burkinesas.
Sana explicó que "desde hace algún tiempo" han estado "siguiendo de cerca las actividades de la mencionada ONG y agregó que, "gracias a las contribuciones ciudadanas", las autoridades entendieron que "constituye una red de espionaje". "Su ámbito de actividad se limita a la formación de ONG humanitarias en materia de seguridad. Sin embargo, en violación de la legislación vigente en nuestro país, esta ONG se dedicó a la recopilación sistemática de todo tipo de información relacionada con las actividades políticas, administrativas y de seguridad del país", como las posiciones del Ejército o "movimientos terroristas", zanjó.
Uagadugú ya impuso a finales de junio la suspensión de las actividades de esta ONG "ante los graves y preocupantes hechos". Sin embargo, ha denunciado que, a pesar de ello, algunos de sus empleados "continuaron realizando actividades clandestinas o indirectas, como la recopilación de información y reuniones presenciales o virtuales".
Burkina Faso, dirigido desde 2022 por una junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan grupos de autodefensa, a los que el Gobierno ha sumado 'voluntarios', en medio de un deterioro de la crisis humanitaria y un aumento de las violaciones contra la población civil.