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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Fundación Española de Contracepción (FEC) han advertido de que el retroceso en materia de salud sexual y reproductiva supondría un impacto directo sobre la salud pública y sobre los derechos fundamentales de miles de personas, afectando especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
"Limitar el acceso a servicios sanitarios, restringir la información basada en la evidencia científica o dificultar el ejercicio de derechos reconocidos incrementa las desigualdades y compromete la protección efectiva de la ciudadanía", señalan las entidades en un manifiesto que han publicado en el marco del Día Mundial de la Anticoncepción.
En este contexto, recuerdan que los derechos sexuales y reproductivos constituyen una parte esencial de los derechos humanos. "Son expresión de la libertad, la dignidad, la igualdad y la autonomía de todas las personas para decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su proyecto de vida, sin discriminación, violencia ni coacción", añaden.
Así, afirman que España ha experimentado un progreso significativo en el reconocimiento de estos derechos mediante la ampliación del acceso a la educación afectivo-sexual, la planificación familiar, la atención sanitaria especializada y la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los supuestos y plazos establecidos por la ley.
Sin embargo, alertan de que ningún avance es irreversible. "La experiencia internacional demuestra que los derechos pueden verse limitados cuando cambian las mayorías políticas, se debilitan las instituciones o se cuestionan principios fundamentales de igualdad y autonomía personal", explican.
Para las organizaciones, la salud sexual y reproductiva abarca mucho más que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Consideran que comprende el derecho a recibir información veraz y científica, a acceder a métodos anticonceptivos eficaces, a una atención sanitaria de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, a la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, a la atención de la infertilidad y a vivir la sexualidad de forma libre, responsable y segura.
Asimismo, destacan que la educación afectivo-sexual constituye igualmente una herramienta esencial para prevenir embarazos no planificados, reducir la violencia sexual, fomentar relaciones basadas en el respeto y combatir la desinformación. "Debilitar estas políticas supondría renunciar a instrumentos eficaces de prevención y promoción de la salud", añaden.
A esta preocupación se suma el incremento de los discursos de odio y de las manifestaciones de violencia y discriminación dirigidas contra las personas LGTBIQA+. Según las entidades, las agresiones, el acoso y la estigmatización constituyen una amenaza para la convivencia democrática y para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
"La defensa de estos derechos exige preservar un sistema sanitario público accesible, garantizar la formación continua de los profesionales, asegurar la igualdad territorial en el acceso a las prestaciones y promover políticas públicas fundamentadas en el conocimiento científico, el respeto a los Derechos Humanos y la protección de la salud", indican.
Para la SEC, proteger estos derechos significa fortalecer la democracia, promover la igualdad entre mujeres y hombres, mejorar la salud pública y asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan desarrollar sus proyectos vitales con libertad y dignidad.