MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch y otras ONG han exigido este viernes a "todas las partes interesadas" que respeten el Estado de derecho en Nepal --así como las obligaciones internacionales-- tras el cambio de gobierno y las violentas protestas juveniles que han dejado al menos 51 muertos en un país relativamente en calma desde 2006, cuando terminó una década de conflicto armado.
Las manifestaciones han sido desencadenadas por la prohibición total de redes sociales y por una indignación creciente ante la corrupción de las élites políticas, factores que han llevado recientemente a la dimisión del primer ministro y a la formación de un gobierno interino liderado por la ex presidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, que deberá convocar nuevas elecciones.
"La ira y la frustración por el mal gobierno y la corrupción se habían acumulado durante algún tiempo", ha lamentado la subdirectora para Asia de HRW, Meenakshi Ganguly, quien ha alentado a las autoridades nepalíes a aprovechar la situación actual como punto de inflexión para romper con la impunidad del pasado y "construir un futuro que respete los derechos (...) exigiendo responsabilidades a los presuntos violadores de Derechos Humanos y a los acusados de corrupción".
Esta petición llega tras un repunte de los disturbios a raíz de la censura --el pasado 4 de septiembre-- a 26 plataformas de redes sociales, lo que desató protestas masivas lideradas por jóvenes del movimiento informal conocido como "Gen Z".
En este contexto, la respuesta policial del 8 de septiembre se saldó con al menos 19 muertes en un solo día, cifra que ascendió a 51 fallecidos tras dos jornadas de violencia. Si bien el Ejército ha sido desplegado en las calles del país y se han impuesto toques de queda, los ataques a instituciones --incluyendo incendios en el Parlamento y el Tribunal Supremo-- han continuado.
En este contexto, organizaciones como HRW, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas o la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) han advertido de que las fuerzas de seguridad --en particular el Ejército-- deben actuar en todo momento dentro de los límites establecidos por el Derecho Internacional.
"La fuerza letal solo puede emplearse cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida", han recordado en un comunicado conjunto, haciendo hincapié en que "la impunidad debe terminar ya", para evitar Nepal continúe sin rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio, como ha ocurrido desde los años 90, incluidas las del conflicto civil con los insurgentes maoístas.
Así las cosas, las organizaciones reclaman al Gobierno interino del país que actúe de forma inmediata e investigue también los casos de corrupción que originaron las protestas, y garantizar que no se pierdan los avances logrados en derechos humanos desde 2006.
Este llamamiento llega después de que el presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, haya nombrado este viernes a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, como primera ministra interina del país asiático y haya disuelto la Cámara de Representantes, después de la dimisión de Sharma Oli por la muerte de decenas de personas en las protestas contra el Gobierno por el aumento de la corrupción y la prohibición del acceso a las principales redes sociales.
La expresidenta del alto tribunal ha sido elegida para el cargo en línea con las demandas de los manifestantes, ya que los jóvenes que han liderado las protestas accedieron a zanjar la crisis social que atraviesa el país con su nombramiento.
Nacida en 1952, se convirtió en 2016 en la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo del país y dirigió el Poder Judicial durante aproximadamente un año. Está casada con Durga Subedi, que fue líder de la formación política Congreso Nepalí y que estuvo involucrado en el secuestro de un avión en 1973.
Nepal es escenario de manifestaciones desde el lunes, cuando los ciudadanos se echaron a las calles a raíz de la prohibición del acceso a la mayoría de redes sociales, y que han derivado en una muestra del malestar contra el Gobierno por lo que muchos jóvenes consideran una mala gestión, con numerosos saqueos y violencia.