Archivo - El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol. - -/YNA/dpa - Archivo
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía especial de Corea del Sur ha reclamado este viernes una pena de 30 años de cárcel contra el expresidente Yoon Suk Yeol en un caso relacionado con su presunta orden para una operación con drones en Corea del Norte para generar un pretexto para su polémica declaración de la ley marcial en diciembre de 2024.
El equipo de fiscal especial Cho Eun Suk ha presentado la petición durante la jornada por cargos de "beneficiar al enemigo" por estas acciones, por las que además ha reclamado 25 años de cárcel contra el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
Así, la Fiscalía considera que este presunto despliegue de drones en octubre de 2024 tenía como objetivo forzar a Pyongyang a lanzar represalias contra el país, algo que sería usado como pretexto por Yoon para justificar su declaración de ley marcial, anulada y que posteriormente llevó a su cese y encarcelamiento.
En esta línea, alerta del riesgo de una filtración de información sensible después de que uno de estos aparatos se estrellara en territorio de Corea del Norte, tras lo que los medios estatales del país vecino publicaron imágenes del dron accidentado en la capital, Pyongyang.
Por todo ello, acusa a los responsables de la cadena de mando, "responsables de la vida y seguridad del pueblo", de "intentar crear una situación de guerra en la península de Corea para generar las condiciones para la declaración de la ley marcial". "Estos crímenes socavaron gravemente los intereses militares del país, incluidas amenazas actuales a la seguridad nacional", zanja.
La Fiscalía especial había solicitado previamente una pena de 20 años de prisión para Yeo In Hyung, entonces jefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, y otra de cinco años de prisión para Kim Yong Dae, quien era en esos momentos el jefe del Mando de Operaciones con Drones, por su presunta participación en este incidente.
Yoon fue condenado en febrero a cadena perpetua tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su polémica decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país asiático. El tribunal rechazó la petición de la Fiscalía de imponer la pena de muerte al exmandatario.
El expresidente surcoreano ya había sido condenado previamente a cinco años de cárcel por varios de los delitos que se le imputaban en el marco del caso por la declaración de la ley marcial, entre ellos el de obstrucción a la justicia --unos cargos relacionados con el continuo bloqueo a su propia detención--, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos.
La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.