PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un establecimiento de la Asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells --pertenecientes al municipio de Calvià-- ha propuesto hacerse cargo del alojamiento de los diez policías nacionales desplegados en Mallorca para el dispositivo veraniego, implicados en tareas como atender a la seguridad de la Casa Real.
Así lo ha confirmado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), ante la queja del sindicato Jupol de que estos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegados desde València, iban a perder su alojamiento en la isla.
En un comunicado, la federación ha apuntado que "ningún establecimiento hotelero" ha desalojado a "ningún miembro de dicha unidad", algo que califican de "rotundamente falso".
En ese sentido, han explicado que existen "discrepancias" entre la Dirección General de la Policía Nacional y los efectivos por el modelo actual de cobro de dietas.
La FEHM ha explicado que anteriormente, con carácter previo a cualquier servicio, la Administración les adelantaba el 80 por ciento de la dieta que inmediatamente después del servicio y con la presentación de la correspondiente factura, les era abonada.
En este momento, el porcentaje se reduce a la mitad y supone que los efectivos "tienen que adelantar dinero de su bolsillo y tardan meses en cobrar".
La federación puso en conocimiento de sus asociados esta situación y es cuando "inmediatamente", un establecimiento hotelero se ha ofrecido a hacerse cargo pero han subrayado que, al prevalecer la protección de datos de los agentes y por deseo expreso del establecimiento, no se quiere dar publicidad a la iniciativa.
"Las patronales hoteleras y sus respectivos asociados siempre han tenido máxima colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en esta ocasión también, se hará a través de un asociado de dicha zona", han recalcado.
No obstante, la FEHM ha avanzado que trasladará al delegado de Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, su "preocupación" por las prácticas del Ministerio de Interior que "obligan al pago anticipado" por parte de los agentes a los establecimientos de alojamiento, lo que han considerado que "pone en riesgo la prestación del servicio público de seguridad".
Desde FEHM han reclamado la corrección de esta práctica para "garantizar la continuidad de los servicios de refuerzo" y la construcción de nuevos acuartelamientos en la isla para dar una solución habitacional a los agentes para que favorezca su desplazamiento.